Cooperativas de energía allí y acá

Las cooperativas han abrazado la energía renovable en Alemania para fomentar la participación ciudadana, incentivar el empleo y la industria local. En América Latina, sin embargo, todavía no han despegado.

 

Las cooperativas alemanas han sido fundamentales en el avance de la transición energética de esta nación, al fomentar el poder ciudadano, producir energía local, ser una fuente de bienestar socioeconómico y reducir emisiones contaminantes.

“Las cooperativas energéticas son una forma muy segura y sencilla de participar en la transición energética, al invertir poco dinero. Son altamente descentralizadas, ayudan a fortalecer la cadena de valor local, fomentan el respaldo público a la transición y liberan potencial financiero”, subrayó a IPS Verena Ruppert, presidenta de la Red de Cooperativas Ciudadanas de Energía del Estado de Renania-Palatinado.

Ese colectivo agrupa a 24 miembros, 22 de los cuales son cooperativas energéticas. A su vez, aglutinan a 5.000 individuos y más de 200 empresas, comunidades y organizaciones religiosas. Los cooperativistas han invertido unos 85 millones de dólares en techos solares, granjas eólicas, plantas de biogás y proyectos de acondicionamiento residencial.

Esas cooperativas energéticas tienen en Alemania un ambiente favorable, que facilitan su liderazgo en este campo, como sucede también en Estados Unidos, Dinamarca y Australia, los mayores modelos del sector.

Las cooperativas de energía en América Latina

En contraposición al contexto alemán, en América Latina esas cooperativas no han despegado, salvo en una minoría de países, a pesar de los beneficios del modelo. En países como México, Perú y Venezuela las leyes de cooperativas reconocen su función en diversos sectores, como el energético, pero las regulaciones eléctricas ponen barreras a su desarrollo.

La legislación sí facilita ese desempeño, con disposiciones orientadas a promover esa participación, en naciones como Argentina, República Dominicana, Bolivia, Colombia y Costa Rica.

En Argentina las cooperativas energéticas se remontan a los años 90 y ya abarcan 16 por ciento del mercado nacional, con unas 500 cooperativas eléctricas y más de un millón de asociados, según cifras de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) y otros Servicios Públicos.

En 2016, el gobierno de la norteña provincia de Santa Fe creó el Programa Prosumidores, que financia a los ciudadanos que pasan de ser solo consumidores a ser también productores, al generar electricidad para vender su excedente a la red.

Brasil, por su parte, proporciona desde 2016 incentivos financieros a los sistemas fotovoltaicos de pequeña escala distribuidos (descentralizados), con el fin de que particulares y empresas se autoabastezcan de electricidad.

En otra perspectiva ambiciosa, Costa Rica ha impulsado ese modelo, con cuatro cooperativas responsables del 9% de la distribución nacional y 6% de la generación eléctrica costarricense.

Esas entidades costarricenses generan unos 400 megavatios -principalmente de hidroeléctricas y un pequeño volumen eólico-, aglutinan a más de 200.000 socios, proveen del servicio a unos 400.000 clientes y emplean a casi 2.000 trabajadores.

Chile también fomenta desde 2015 la generación participativa con el programa gubernamental Comuna Energética, que busca promover la eficiencia a través del uso de energías renovables locales y para lo cual creó un fondo comunitario. Hasta ahora, la iniciativa gestiona ocho proyectos en seis municipios y ya ha organizado dos convocatorias por un monto superior a 112 millones de dólares para beneficio de 34 comunidades.

Reglamentaciones para emprendimientos energéticos en Alemania y América Latina

La transformación germana arrancó formalmente en 2011, sustentada sobre seis leyes que favorecen la generación alternativa mediante un sobrecargo para los productores, la ampliación de la red eléctrica para propiciar la incorporación renovable y la cogeneración para aprovechar la energía desperdiciada en las instalaciones de fuentes fósiles. La reforma a Ley de Energía Renovable, vigente desde enero de 2017, determinó la tarifa fija para el sector y la instauración de subastas para todas las fuentes.

Pero en América Latina, los emprendimientos energéticos comunitarios chocan contra barreras legales, técnicas y financieras.

En México, la Ley de la Industria Eléctrica, en vigor desde 2014, permite desplegar proyectos locales menores a un megavatio, pero prácticamente los excluye de las subastas eléctricas que el gobierno ha organizado desde 2016.

Al menos 12 países de la región organizan subastas de energía renovable que, por sus requisitos financieros, técnicos y empresariales, segregan a las cooperativas, lo cual les impide una expansión mayor. (Fuente: IPS)

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