Avanza Empatel

El diputado nacional Sergio Ziliotto (Partido Justicialista-La Pampa) pidió licencia plena para la constitución de Empatel (Empresa Pampeana de Telecomunicaciones). De este modo se podrá competir con los actuales operadores, sin condicionamientos de los grupos económicos que monopolizan el mercado avalados por la normativa actual. Este proyecto complementa la iniciativa conjunta entre el gobierno provincial y las cooperativas -junto a los municipios que integran Aguas del Colorado SAPEM- para constituir EMPATEL, empresa pampeana de telecomunicaciones, dándole las herramientas necesarias para llevar a la práctica sus objetivos.

Su texto final se definió en una reunión entre el legislador pampeano con el Gerente de Relaciones Institucionales de Colsecor (cooperativas y pymes de telecomunicaciones de todo el país), el Presidente de Fepamco, Carlos Santarrosa y el Subsecretario de Cooperativas, Claudio Gordillo. En el mes de agosto pasado había expuesto su iniciativa ante el Consejo de Administración en la sede de Fepamco. La propuesta parlamentaria propicia que las provincias y las cooperativas, en forma individual o asociadas entre sí, sean titulares de licencias plenas de telecomunicaciones, entre ellas la telefonía móvil, y les permita incursionar libremente en un mercado claramente sujeto a prácticas oligopólicas.
En la actualidad tienen imposibilitado prestar telefonía celular como operadores de red y solo lo pueden hacer, en el mejor de los casos, como operadores virtuales dependiendo de los grandes grupos económicos, que fijan tarifas y condiciones, lo que obstaculiza la libre competencia.

Interés nacional

El Proyecto de Ley declara de interés nacional la participación de los Estados Provinciales, Municipios y las cooperativas de servicios públicos como prestatarias de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la Ley N° 19.798 y sus modificaciones.
Además se impulsa fijar la obligación de la Autoridad de Aplicación de impedir “exclusividades o monopolios incompatibles con la soberanía, desarrollo y seguridad nacional” y de garantizar “la atribución de un segmento del espectro radioeléctrico a los Estados Provinciales, Municipios y cooperativas de servicios públicos para que presten servicios de telecomunicaciones.”

Bandas de Frecuencias

Para darle operatividad a la medida propuesta se establece que el Poder Ejecutivo Nacional otorgará las pertinentes licencias habilitantes y asignando Bandas de Frecuencias que, por imperio de la Ley nº 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, se encuentran reservadas con un objetivo unívoco: “el Estado Nacional debe intervenir para garantizar el uso eficiente de este recurso y el desarrollo de las tecnologías y capacidades nacionales para ello” previéndose “el desarrollo de modelos de comercialización para Municipalidades, Cooperativas y Entes de Gobierno que permitan cubrir zonas alejadas y desatendidas, así como también posibilitar un rápido y eficaz acceso a servicios móviles celulares”, como lo expresa dicha norma.
Ese mandato legal, otorgado a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), ha sido incumplido por el Gobierno Nacional, a pesar de estar vigente desde noviembre de 2015.

Garantías

En este caso, se plante que la intervención de los Estados Provinciales como prestadores –individual o asociado- o en carácter de garante será suficiente garantía o aval necesario para obtener los permisos y licencias.

Fundamentos

El exponencial avance de las telecomunicaciones ha sido un herramienta imprescindible para enfrentar el desafío permanente que tienen las personas de “acortar distancias” en materia de vinculación personal y empresarial.
Muchos de esos servicios han dejado de ser un bien de lujo y se ha transformado en herramientas de uso masivo, independientemente del nivel de ingreso de sus usuarios. Se han convertido en herramientas de trabajo y de comunicación de todos los sectores sociales.
Hablar de telecomunicaciones es incluir una variada gama de comunicación a distancia, como lo son radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. Sin embargo, hay condicionantes que no permiten que se transformen en un bien social de acceso irrestricto sin condicionamientos geográficos, con un nivel de prestación aceptable y con tarifas acordes a márgenes de ganancias razonables.

La situación actual

El resultado de las políticas públicas de comunicación contemporáneas, que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº 1340/16 profundiza, es alta concentración info-comunicacional que debilita la competencia, la cartelización de precios, casi nula prestación en áreas económicamente marginales, infraestructura desactualizada u obsoleta y servicios que figuran al tope de los reclamos de los usuarios.

A esto se le suma trascendencia si se tiene en cuenta que ello deriva del uso de los recursos públicos (el espectro en sus diferentes bandas, potestad de la comunidad administrada por el Estado) y también de privados cuya construcción o mantenimiento tuvo participación, habilitación o ayuda estatal, como redes troncales de telefonía y de fibra óptica.

Lo que no resulta fácil de comprender es si este escenario responde a un “mercado posible”, fruto de una economía subdesarrollada como la argentina, o a una decisión política ideológica de la administración de turno. Convencidos que, con el actual marco normativo, se propicia una fuerte concentración en manos poderosas y que la brújula oficial no registra siquiera la existencia de otros actores (PyMes, cooperativas, sector público no gubernamental, movimiento comunitario) y queda descolocado ante sus demandas, optaremos por la segunda respuesta.

La necesidad de un marco de efectiva competencia

Según sus fundamentos, el Decreto nº 1340/16 expresa que “existe un fuerte compromiso de parte del Estado Nacional en asegurar que la convergencia tecnológica entre los servicios de comunicación audiovisual y las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones, posea un adecuado y homogéneo marco normativo” ya que las leyes 26.522 y 27.078 “no contemplaron elementos fundamentales de la realidad actual de la industria de los medios y las telecomunicaciones, generando distorsiones en la competencia, costos significativos para el interés general y perjuicios para los usuarios y consumidores.”
Sin embargo no logra su cometido ya que cualquier interesado en ingresar al mercado de la convergencia tecnológica vería que dicho instrumento legal es un claro impedimento para el ingreso de nuevos competidores.

Más aún, el remanido slogan de “convergencia plena” que se concretará a partir del 1º de enero del próximo año, permitirá que tres o cuatro operadores actuales puedan “hacer de todo”, es decir que los grupos del sector de telecomunicaciones e Internet pueden prestar servicios audiovisuales y viceversa.
Así, los grandes jugadores de las comunicaciones, como Telefónica y Clarín, mejorarán considerablemente sus condiciones de incorporar y explorar recursos públicos como el espectro radioeléctrico y maximizar beneficios, profundizando la concentración económica.

La incorporación de actores regionales

Nuestro país tiene una peculiaridad que la distingue de otros al mostrar un dinámico sector de operadores pequeños y medianos que incursionan en los segmentos audiovisual, de telecomunicaciones e Internet al cubrir necesidades de comunicación en grandes extensiones del país donde los gigantes infocomunicacionales casi no aparecen ante la baja rentabilidad.

Ese sector, integrados por PyMes, cooperativas y entes públicos, es un generador de beneficios económicos y sociales para su comunidad ya que no sólo genera empleo sino contenidos locales que enriquecen su identidad territorial. El mismo sector que no incidió en el nuevo decreto y su situación aparece olvidada por las políticas estatales. (No es casual, entonces, su baja incidencia en el negocio actual de las telecomunicaciones, como lo muestra el cuadro anterior, identificados como otros*.)
En la actualidad, están sumidos a una normativa cuyo aspecto más crítico son las condiciones de interconexión con las redes troncales en manos de los grandes operadores, que imponen condiciones abusivas cuando pautan la desagregación de la última milla, la itinerancia, el establecimiento de tarifas y las velocidades de referencia, algo que los países con economías sólidas prohíben en orden al interés público.

Con esta perspectiva, es imprescindible fomentar la participación de los Estados Provinciales, los Municipios y las Cooperativas de servicios públicos como prestatarias de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la Ley N° 19.798.

 

Fuente: La Arena

 

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