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La CPE, los espacios públicos y las antenas

Los representantes de la CPE a favor de instalar torres y antenas de telefonía móvil, pero rechazaron que se afecte el espacio público, sobre todo para beneficio de empresas de lucro. “No estamos en contra de la instalación de antenas para mejorar el servicio sino de facilitar los espacios públicos a empresas de lucro, cuyo único interés es su propia rentabilidad”, dijo conundente el presidente del Consejo de Administración de la CPE, Alfredo Carrascal.

Carrascal encabezó el grupo de representantes de la Cooperativa que respondió a la convocatoria del Concejo Deliberante de Santa Rosa (LP). Los cooperativistas se reunieron con los ediles de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Santa Rosa.

Participaron los concejales del Frepam, Félix Villatoro, Claudia Giorgis, Marcos Cuelle, María Ibarguren y el viceintendente Jorge Domínguez; Jorge Rodríguez por el bloque del PJ, y por la CPE, además de Carrascal, Ariel Martínez (gerente general), Luis Usero (gerente de Energía), Fabián Denda (gerente de Telecomunicaciones) y Rodrigo Basiglio (asesor legal). El Concejo busca definir el uso o no de los espacios públicos, establecer un registro de antenas existentes en la ciudad y percibir una tasa por las antenas.

Idas y vueltas

Hace unas semanas, el ejecutivo municipal y casi la totalidad de los concejales, aprobaron una ordenanda espress que permitía la instalación de las torres y antenas de telefonía móvil en los espacios públicos. La medida se acomodaba perfectamente a las politicas de expansión empresarial de las empresas de telefonia móvil, básicamente las vinculadas a Clarin y Telefónica.

Luego de un generalizado rechazo, los concejales derogaron la norma que días antes habían aprobado. A partir de entonces comenzaron un lógico proceso de consulta a organismos competentes (ENACOM, por ejemplo) y a otras entidades, a pesar del enojo del intendente Leandro Altolaguirre.

Si bien los ediles comenzaron una ronda de consultas, hasta el momento no existen indicios de una posible la convocatoria a una audiencia pública. Este mecanismos, aprobado en la anterior gestión radical, extrañamente no fue utilizado por el actual intendente, aun cuando era una demanda en su rol de concejal durante los años que ejerció ese rol.

CPE en el Concejo

El tema central en debate es la modificación de la ordenanza del año 2000 que impide la instalación de torres para antenas en espacios públicos. Los concejales ya recibieron a funcionarios del Enacom que promueven el uso de los espacios mencionados pese al rechazo generalizado de diversas entidades intermedias -incluidas las comisiones vecinales- que hizo que el mismo Concejo derogara una ordenanza previa.

Carrascal destacó la invitación institucional de los concejales tras lamentar el apuro con que se había sancionado la ordenanza anterior, sin consultar a los vecinos y otras entidades, y que luego fuera derogada. Destacó las repercusiones sociales que tuvo la situación y el debate público que se generó. Planteó que, si bien fue la CPE la que reaccionó, la comunidad en su conjunto rechazó el uso de los espacios públicos. Anticipó que la CPE no hará uso de los mismos si el proyecto para brindar telefonía móvil avanza y que el Concejo no debería facilitárselos a las empresas privadas de lucro.

Durante la reunión se respondieron numerosas inquietudes de los ediles. En ese contexto la CPE anticipó también que no procederá al corte de energía reclamado por el Ejecutivo municipal de antenas instaladas sin autorización del Municipio. Se explicaron los alcances legales que tiene la Cooperativa y los mecanismos que se siguen para brindar el servicio eléctrico.

También, en varias oportunidades, se hizo énfasis en la historia del vínculo entre la Municipalidad capitalina y la CPE que redundó en beneficios concretos para el conjunto de los vecinos: “Santa Rosa sabe de eso, es algo que no deberíamos olvidar” dijo Carrascal. “Estas empresas ahora se presentan como santos, argumentando que no pueden mejorar sus servicios porque no tienen lugar para instalar sus torres; le trasladan el problema al Estado que les debe garantizar los espacios públicos; es solo favorecerles sus negocios sin que tengan que realizar algunas inversiones”. Los dirigentes de la CPE recordaron que, en particular, el servicio de telefonía móvil no constituye un servicio “público” -como la energía o el gas- lo que impide que haya tarifas reguladas, lo que lo convierte en una actividad de lucro.

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